El Ministerio de Trabajo e Inmigración ha sido sin duda uno de los más destacados de la anterior legislatura pero, a peor. Deseando que el ahora denominado Ministerio de Empleo cambie lo antes posible la tónica del desempleo, ministros como Celestino Corbacho y Valeriano Gómez serán recordados porque mes tras mes han ido batiendo sus “tristes records” y superando topes que decían que nunca iban a alcanzar.

Pero esta no fue la única función de esta rama del Ejecutivo, también tuvo otras y también polémicas. Así, el Ministerio de Trabajo e Inmigración a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración era el organismo encargado del desarrollo, mantenimiento y gestión del sistema de acogida integral e integración de inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados con la función de la promoción laboral, social, cívica y cultural a través de la gestión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro y la colaboración con entidades públicas y privadas.

Para ello, el Consejo de Ministros de 16 de febrero de 2007 aprobó el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración que contaba con una financiación total, para el período 2007 a 2010, de 2.005 millones de euros. Es decir, en pleno debate de que recortar para cumplir los objetivos de déficit, un 0,2% del PIB de España.

Mucho dinero, destinado sin duda a una buena causa pero que se debe exigir un gran control como todas las subvenciones concedidas por el Estado. Pero la realidad es que buena parte de estos millones adolecieron del control mismo en su entrega y fines.

Entre las deficiencias destacan las demoras en la comprobación de las justificaciones aportadas por los beneficiarios. Con excepción de los cofinanciados con el Fondo Social Europeo, cuyos criterios más estrictos impuestos por Europa exigían su justificación la Dirección General de Integración de los Inmigrantes no había ultimado años después de su entrega los trabajos de comprobación de la justificación de los programas subvencionados, o lo hacía con gran demora como no culminar el proceso de revisión hasta el pasado 30 de junio de 2010 para las subvenciones recibidas a ejecutar en el año 2007,  cuando debería haberlas finalizado el 31 de enero de 2008.

Pero también hay deficiencias formales en la justificación del cumplimiento especialmente en sus anexos y no detectadas por la Dirección General y sí por el Tribunal de Cuentas.  Ello pone de manifiesto un insuficiente control, sobre la corrección de la preceptiva cumplimentación de estos Anexos, lo que provoca que la información que ésta maneja en el procedimiento de comprobación sea, o bien escasa, o bien errónea.

Igualmente no se exigió la acreditación de la aportación de la financiación externa comprometida en la ejecución de las actividades subvencionadas, a pesar de que esta financiación complementaria formaba parte de los criterios de valoración de las solicitudes y, por tanto, pudo ser determinante en la concesión de la subvención. Es decir programas en los que recibir la subvención dependían de que utilizaran otros fondos para su fin, recibieron el dinero del Estado pero sin gastarse ni un “euro” más, a pesar de que se habían comprometido.

Así, todas las entidades beneficiarias que, tratándose de organizaciones no gubernamentales, incluidas en la muestra fiscalización sólo la entidad Cáritas Española justificó documentalmente los gastos financiados con recursos ajenos a los de las subvenciones recibidas. El hecho de que por parte de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes en la comprobación de la justificación de la subvención “no se exigiera la acreditación de la financiación externa comprometida”, ha impedido el inicio de expedientes sancionadores, dado que el incumplimiento de los compromisos adquiridos por los beneficiarios, podría ser susceptible de constituir una de las infracciones que reguladas por el Título IV de la Ley General de Subvenciones.

Y es que, por último, también se adoleció de conseguir la información mínima que lo más grave es claramente accesible. Así no se utilizó la información contenida en la Base de Datos Nacional de Subvenciones regulada en el artículo 20 de la Ley General de Subvenciones y en los artículos 35 a 41 de su Reglamento. Al no realizar ninguna consulta alguna a la misma, representa “una debilidad importante en sus procedimientos de control, en general, que alcanza especial relevancia en el análisis de posibles concurrencias en las actividades que subvenciona”, es decir podían estar recibiendo de otros órganos como Comunidades Autónomas otros fondos para ¡Los mismos proyectos! Además no se informaba por lo que podía suceder lo mismo a otras Administraciones que al no conocer los beneficiarios podrían haberles otorgado otros fondos.

La nueva Ley de transparencia desde luego debe ampliarse al control del destino de miles de millones de euros en subvenciones que todos los años entrega el Estado y a la gestión de quien las concede.