La memoria histórica no pasa por sus mejores momentos. Si el domingo pasado los habitantes de la localidad pacense de Guadiana del Caudillo decidieron en referéndum mantener su “apellido”, ayer la sala de lo penal del Tribunal Supremo no llegó a ninguna decisión durante la reunión celebrada para estudiar a qué órgano judicial le corresponde decidir sobre las exhumaciones de las fosas del franquismo y seguirá deliberando sobre el asunto la próxima semana.

Y es que en los años pasados se multiplicaron las iniciativas para recuperar la Memoria Histórica, las cuales sin tener en cuenta las iniciativas políticas desde luego han supuesto un gran coste para el erario público.

Entre ellas está el Memorial Democrático, creado el 31 de octubre de 2007 con el objeto  de “desarrollar las políticas públicas de la Generalitat de recuperación, conmemoración y fomento de la memoria democrática, y en concreto, del conocimiento del periodo de la Segunda República, de la Generalidat republicana, de la Guerra Civil, de las víctimas del conflicto por motivos ideológicos, de conciencia, religiosos o sociales, de la represión de la dictadura franquista, del exilio y la deportación, del intento de eliminar la lengua y la cultura catalanas, de los valores y las acciones antifranquistas y de todas las tradiciones de la cultura democrática, con el fin de dar a conocer de una manera científica y objetiva el pasado reciente y estimular la comprensión del tiempo presente”.

Esta iniciativa fue creada por el tripartito y especialmente por uno de sus socios, el presidente de Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Saura. Pero dos años después de su inicio los datos de gestión son demoledores si atendemos al informe de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña sobre el año 2009, apenas 15 meses del comienzo de sus actividades en el que estima que se pueden “haber producido conductas irregulares que podrían comportar responsabilidades penales”.

Uno de los casos más extremos es el de la empresa STOA que asesoraba en la elaboración de bases y convocatorias, valoraba solicitudes de potenciales beneficiarios de subvenciones, y asesoraba y licitaba en los procesos de contratación, al tiempo que ejecutaba algunos de los proyectos. Así por ejemplo participó en las convocatorias de 2009 y 2010 con un contrato de asistencia y asesoría del Plan de Acción de los Espacios de la Memoria de Cataluña.

Esta sociedad trabajó para la Dirección General del Memorial Democrático,  participó a la vez en varias fases de la entrega de subvenciones públicas entre 2008 y 2010 “sin que hubiera constancia de la existencia de ningún contrato que amparara la intervención de esta empresa en la fase de concesiones”.

Y es que existió una relación continuada entre STOA y la Dirección General del Memorial Democrático, un periodo en el que la empresa valoraba proyectos de entidades locales que se presentaban a la convocatoria de subvenciones del Memorial, y que luego se les concedían.

La vinculación fue tal que Memorial Democrático contrató a tres técnicos que hasta el momento trabajaban en STOA y que se encargaban de valorar los proyectos que optaban a subvenciones, y que al mismo tiempo eran asesorados por STOA. El administrador de la empresa, incluso, asistió a unas jornadas técnicas previas a la elaboración de las bases de las subvenciones con entidades locales que posteriormente fueron los beneficiarios.

Entre las irregularidades que remarca la Sindicatura de Cuentas, también consta la existencia de vinculaciones societarias entre la empresa asesora y otras dos empresas, además de indicios de relaciones laborales encubiertas, contratos menores que deberían haberse hecho con convocatorias públicas.

Y es que en total se gestionó en ese año un presupuesto que superó los 15 millones de euros y que ahora se pone en duda su gestión y destino. Mucho dinero malgastado mientras esta semana se aprobaba con los votos de CiU y PP la creación de nuevas tasas, entre ellas la turística y el pago de un euro por cada receta farmacéutica que se dispense en la sanidad pública, que se aplicará a partir del 1 de junio y se elevará otro 2% la bajada del sueldo de los funcionarios.

Una situación muy grave que desde luego de confirmarse tiene que depurar responsabilidades.