La defensa del consumidor se ha convertido en un verdadero negocio lucrativo: subvenciones, puestos relevantes y amplia cobertura mediática. Una publicidad gratuita por la que muchas Asociaciones luchan para hacer llegar al ciudadano su mensaje. Sin duda la más activa, y a la que más generosamente presta su tiempo especialmente los medios públicos, es FACUA, la organización andaluza creada en 1981 y que en 2003 dio el paso para convertirse en Asociación de ámbito nacional.

Ellos mismos se vanaglorian de su cobertura mediática. Así, en su propia web señalan: “Diciembre, mes con mayor presencia de FACUA en los medios de toda su historia… Ha tenido más de 1.000 apariciones en prensa impresa, cifra superada en medios digitales, y realizado más de 200 entrevistas en radio y más de 100 en televisión”. Y es que para FACUA cualquier excusa es válida y por ello no le importó en el mes de enero “liderar” las denuncias por incumplimiento de la Ley Antitabaco o cualquier denuncia que le haga ganar algún minuto ante las cámaras, como fue denunciar a Media Markt por publicidad sexista o incluso estipular como las empresas editoras deben distribuir sus coleccionables en los kioscos.

La jugosa tarta de las subvenciones estatales

Alrededor de los problemas de los consumidores se ha creado un entramado de jugosas ayudas públicas por el que hay verdadera competencia. En esta carrera, no faltan descalificaciones entre Asociaciones que teóricamente deberían buscar el mismo fin, la ayuda al consumidor, en busca de desbancarlas y llevarse un pedazo mayor del pastel público.

En el reparto de las subvenciones por parte del Instituto Nacional de Consumo, perteneciente al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad que dirige Leire Pajín, en este mes de febrero recibió subvenciones por Fomento del asociacionismo por un total de 120.000 euros, análisis y control del mercado de las telecomunicaciones, 84.934 euros y seguimiento, análisis e información sobre los sectores eléctrico y del gas 84.934,00. En total 289.868 euros, nada más y nada menos que un 29% más de lo que recibió en 2010 por el mismo organismo (224.416 euros). Cantidades a las que hay que sumar el apoyo de la Junta de Andalucía, valorado en más de 110.000 euros en los dos últimos años.

No obstante para FACUA esta cantidad es insuficiente y cada vez que recibe una subvención, lanza una queja de “injusticia” ya que no la ve proporcionada a su “cobertura mediática”, algo que desde luego funciona, si nos atenemos a que en tan solo cuatro años ha multiplicado por 2,3 la cantidad recibida desde los 125.000 euros del año 2007.

La Administración no es suficiente

FACUA destaca que su financiación procede de las cuotas de los socios y sus Asociaciones territoriales, además de las subvenciones de las Administraciones Públicas. Según ha defendido en otros medios su presidente, Francisco Sánchez Legrán, “es obligatorio recibir subvenciones”.

Para ello es miembro del Consejo de Consumidores, “órgano de representación y consulta a escala nacional a través de las organizaciones de consumidores más representativas para defender los intereses de los consumidores y usuarios e incidir en la toma de decisiones que se adopten por los poderes públicos en relación con la política de consumo”, allí es vocal titular Francisco Sánchez Legrán y vocal suplente Olga Ruiz Legido, Secretaria General de FACUA.

Para ser miembro del CCU hace falta ser "organización sin ánimo de lucro", actuar "con independencia frente a los operadores del mercado y los poderes públicos" y está prohibido "realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios".

Por esta razón fue expulsada AUSBANC, Asociación presidida por, denominada por un Juzgado como “chiringuito financiero” como receptora de cuantiosos fondos por publicidad de entidades financieras. Entonces decidió dividirse en dos: Ausbanc Empresas, de la que cuelgan las distintas publicaciones, y Ausbanc Consumo, que es la que no se nutriría de fondos privados, pero que -según ha determinado la Audiencia Nacional en noviembre de 2010-, “por realizar publicidad comercial o no meramente informativa" de las publicaciones editadas por Ausbanc Empresas en la revista mensual de Ausbanc Consumo, Justicia y Derecho.

Convenios de favores

FACUA, que se jacta de esta sentencia, y la estrategia de AUSBANC como “fórmula muy burda”, ha encontrado su propia vía de financiación en los Convenios de Concertación con instituciones y empresas privadas, acuerdos bilaterales creados con el objetivo de “desarrollar actuaciones conjuntas encaminadas a mejorar la información de los consumidores”.

Entre las empresas firmantes están, Asociación CAAE (agricultura ecológica), Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamientos (AEAS), Asociación Nacional de Protésicos Dentales Autónomos (Anprodenta-UPTA), Asociación Técnica de Producción Integrada del Olivar, Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros, Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Cgcoapi), Ebay, Grupo Leche Pascual, Iberdrola, Ivesur, Mercadona, Midas o Pepephone.

¿Quién fiscaliza dónde van estos ingresos? ¿Están cubriendo gastos de otras acciones de la Asociación? Y lo que es más importante, ¿genera algún trato de favor con las entidades con las que lo firma?