La crisis económica amenaza la principal fuente de riqueza nacional, el turismo, en 2009 el PIB del sector cayó más de un 5%, siendo el sector más afectado el turismo extranjero, que disminuyó más de un 10% junto con los ingresos derivados de este mercado, que cayeron un 3 puntos más.

En la actualidad, en España hay suelo recalificado y comprometido para construir cerca de 20 millones de viviendas. Este suelo recalificado está esperando nuevos tiempos de bonanza económica para seguir depredando el territorio. La Federación de Promotores y constructores estimaba en 2008 que España necesitaba algo más de 300.000 viviendas anuales, pero durante el periodo 2003-2007 se ha triplicado esta cifra.

La larga duración de esta fase alcista de ladrillo y hormigón y de bonanza inmobiliaria indujo a la población a habituarse a esta sinrazón, como si de algo normal y permanente se tratara. Los diez años de auge crearon hábitos de vida y de negocio muy arraigados que, entre otros, el Banco de España había definido como de “economía suicida”

La puntilla, las viviendas de costa

El turismo ha sido la batuta que ha liderado el desordenado planeamiento del uso turístico del suelo.  La continua y manifiesta vulneración de la legislación vigente en materia urbanística, la concepción del turismo no como un instrumento de desarrollo, sino como un medio especulativo a corto plazo y la debilidad de la normativa en materia de protección del medio natural, han provocado que la crisis del sector inmobiliario le golpee de lleno.

Los turistas han cambiado, muchos extranjeros han optado por playas de países con economías basadas en el dólar o en cualquier otra moneda distinta al euro. En verano de 2008 predominaron las estancias cortas y el gasto ha descendido en diferentes zonas turísticas hasta un 30%. Este agotamiento del turismo español requiere un plan urgente de renovación de los servicios existentes, en vez de seguir promoviendo nuevos hoteles y complejos vacacionales.

No se entiende por ejemplo que Marina d’Or, símbolo del turismo masivo y de la destrucción del paisaje, con 1.000 empleados despedidos en el último año, siga promoviendo hasta tres nuevos complejos en la costa de Oropesa.

Fuente inagotable de financiación para los ayuntamientos

Greenpeace ha detectado 478 casos de corrupción urbanística durante 2009. La Comunidad Valenciana ocupa el primer puesto en número de casos detectados, con 169, seguida de las Islas Baleares (79) y Andalucía (114). En todo el Estado español, de las 625 personas imputadas, 289 son cargos públicos desde alcaldes hasta arquitectos municipales.

Como los ayuntamientos tienen una gran cantidad de gastos, en lugar de recaudar impuestos directos, han ideado una forma imaginativa de recaudar impuestos indirectos: la potestad de decidir qué suelo es urbanizable y cuál no.

Todo ello ha generado decenas de irregularidades e ilegalidades que salpican toda la costa española y que desde extraconfidencial.com le iremos informando.