La ministra de Sanidad viajaba la semana pasada a Estados Unidos, dicen que para asesorar a las autoridades del ramo de aquel país sobre el funcionamiento del sistema sanitario español. La realidad es bien distinta: Trinidad Jiménez se desplazó hasta allí para conocer el sistema de pago americano, de momento privatizado. Hasta tal punto que el presidente Barak Obama se ha visto obligado a paralizar la reforma prevista en su programa electoral. A más: el pasado miércoles, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Esperanza Aguirre, visitaba el Hospital de Getafe, en compañía del alcalde socialista Pedro Castro. Se manifestaron concejales del municipio y trabajadores del Centro en “defensa de la Sanidad Pública”.

Se acuerdan de José Manuel Romay Beccaria, gallego él, ministro de Sanidad en el Gobierno de José María Aznar allá por 1996. Tuvo la osadía de proponer la fórmula del copago sanitario que, básicamente, consistía en que cada ciudadano debería pagar una cantidad simbólica cada vez que recurriera a la prestación de servicios sanitarios. Efecto disuasorio y ahorrativo. La que se organizó fue de órdago.

Ahora, lo que más urge es reducir el gasto público como sea. Palabra de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, respaldado por el tripartito integrado por José Blanco, Elena Salgado y Miguel Sebastián. Hay que sanear las cuentas públicas contando con el sacrificio de todos. Ahí está la multimillonaria campaña estoloareglamosentretodos.org.

Decidido a hacer reformas el Gobierno propondrá la de la Sanidad, eso sí, a la sombra del Pacto de Toledo. Una vez digerido, es un decir, por la opinión pública el sobresalto de la reforma de las pensiones, se dispone a presentar el tercer gancho del tridente reformista: la reforma de la educación navega, de momento,  por pacíficas aguas del semiconsenso.

Más de un año preparando fórmulas de copago

Desde hace más de un año, un grupo de trabajo integrado por técnicos del ministerio de Economía y Hacienda y de la Oficina para Asuntos Económicos de la presidencia del Gobierno, trabaja en cuadrar las cuentas de una sanidad pública cofinanciada. Y ese Informe, créannos,  parece que es positivo, aunque sea a costa de algún que otro sacrificio: la sanidad dejará de ser gratuita.   El equipo económico dirigido por Elena Salgado y el secretario de Estado Campa ha decidido que 2011 es el año adecuado para poner en marcha la segunda gran reforma económica, la de la Sanidad. El Ejecutivo cuenta con que se podrá alcanzar el suficiente consenso para llevarlo a término, entre otras cosas porque el PP ya lo planteó en du día.

El mencionado grupo de trabajo, integrado por funcionarios y técnicos, tiene en su poder el Informe que señala que las Comunidades Autónomas son incapaces de hacer frente a más del 40% de las facturas sanitarias. Y como muestra un botón: hace poco la Comunidad Autónoma de Andalucía inició una campaña en Sevilla centrada en informar a los usuarios de servicios sanitarios el coste imputado al servicio consumido por el usuario, idéntico camino al realizado desde hace varias décadas en Suecia o en Francia.

En el país vecino cada paciente contribuye con un 30% del coste del servicio sanitario en atención primaria y aumenta esa contribución en otro tipo de consultas especializadas. El 30% es la aportación que en España realizan, únicamente, los funcionarios, pero no así los de régimen general, notablemente menor. En Suecia, por ejemplo, las visitas a urgencias disminuyeron un 64% desde el momento en que los pacientes tuvieron que comenzar a pagar 16 euros. La medida no fue acompañada por un aumento de la tasa de mortalidad, así que según los técnicos, la aplicación del sobrecoste se saldó con un éxito previsto. Al menos, así ocurrió en Suecia.

Obligado por Maastrich, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero debe reducir el déficit y la deuda pública hasta los límites marcados por ese acuerdo. Y la única vía pasa por detener y recortar al gasto público, única forma también, para asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario español. Todo pasa por un cambio en la relación de las aportaciones de empresas y particulares al régimen de la Seguridad Social. El actual sistema, para muchos considerado de copago, se transformará en un auténtico copago a la europea, un copago de verdad, caracterizado por una mayor carga –reconocimiento de costes- en el precio de los servicios sanitarios, que recaerán, y en eso consistirá la reforma, en el contribuyente o perceptor del servicio sanitario.

Uno de los informes con los que trabaja el sector, señala que “en 2006 los españoles realizaron ocho visitas a su médico, un 40% más que la media europea”. Se asegura que “el gasto farmacéutico per cápita es 40% mayor que el de Reino Unido, Portugal o Dinamarca… y que el 70% de las recetas se concentran en el 20% de la población exenta de pago”. Son sólo algunas de las cifras que, según los técnicos del ministerio de Economía, pueden ilustrar el estado de necesidad de una reforma sanitaria.