Un gobierno del PP contra un cura determinado, con el beneplácito de la Iglesia. Los intereses del Partido Popular y la Conferencia Episcopal vuelven a unirse. Se trata del sacerdote José-Antonio Jiménez de Blas, conocido como el “cura rojo”, quien, tras negarle las ayudas sociales que anteriormente le concedieron, ha emprendido una cruzada contra el polifacético Agustín González, a quien califica como “cacique” de turno. Extraconfidencial.com contactó con él para conocer documentadamente y de primera mano su odisea. El presidente de la Diputación de Ávila, el mencionado Agustín González, ostenta, además, los cargos de vicepresidente de la Caja de Ahorros de Ávila, presidente de Asider (Asociación Intermunicipal para el Desarrollo Rural de la Comarca Barco-Piedrahita-Gredos), gerente de la Fundación Santa Teresa y alcalde de Barco

 

“Desde que entré en la solicitud y gestión de ayudas sociales para los vecinos más desfavorecidos de mis parroquias, Agustín González ha emprendido una persecución feroz contra todo cuanto firmo”, contra el clérigo Jiménez de Blas. Varias resoluciones emitidas por el procurador del común, que obran en poder de extraconfidencial.com, ponen en aprietos al presidente de la Diputación de Ávila. Según éstas, primero concedió ayudas de extrema necesidad y después de hacer las obras en 2002 -estamos en 2008- todavía no las ha dado, por estar gestionadas por Jiménez de Blas.

 

Tras muchos movimientos e insistencia, y viéndose políticamente desamparado, el párroco de Navadijos, Cepeda y San Martín de la Vega, recurrió cuatro veces al Obispo de Ávila, sin que éste le escuchara. Sin embargo, según aseguró a este periódico Jiménez de Blas, “cuando le pasa cierta información al consejero de Agustín González en la Caja de Ahorros de Ávila, éste me llama para ver qué pasa, cuando antes he intentado cuatro veces explicar al Obispo qué estaba pasando”. Sin embargo, asegura el sacerdote “sé que si me enfrento al PP en Ávila el Obispo no me va a apoyar”.

Según aseguró a extraconfidencial.com “el 16 de mayo de 2007 denuncie públicamente que desde el 12 de septiembre del 2006 nos han rescindido los contratos pidiéndonos que devolvamos la cantidad que nos habían entregado”. A partir de ese instante, el sacerdote presentó al obispado una propuesta de demanda contra Asider. “Voy a ver al Obispo en varias ocasiones, sin que me reciba. Por este motivo lo hago público”, declara

Sin embargo, cuando el Obispo tiene noticias de esta exposición, se pone al servicio del mandatario del PP, Agustín González, ignorando al sacerdote. De este modo, éste constata la connivencia entre poder político y religioso en Ávila, pagando las consecuencias. Las declaraciones de Jiménez de Blas no dejan lugar a dudas: “La Iglesia oficial está con el PP. Yo, en la resolución de los problemas que competen a las Iglesias de las que soy párroco, resulto un incordio para el Partido Popular. Yo no soy afiliado ni simpatizante, pero están aprobadas las subvenciones, ejecutadas las obras y pagadas, y necesito que me den estas ayudas”.

 

Según recuerda José Antonio Jiménez de Blas “en 2002, antes de llegar a los pueblos, me montaron una propaganda con pintadas y panfletos, diciendo que era cura ateo. Eso obedecía -según mi antecesor en el cargo- a que gente del pueblo había mandado cartas seis meses antes poniéndonos a unos 30 curas a caer de un burro. Pese a todo, el anterior Obispo me dijo si quería ir, y le respondí que si aunque estuvieran revueltos”.

 

“De este modo -continúa José-Antonio Jiménez- estuve tranquilo desde 1998 hasta 2002, escuchando a la gente y conviviendo con ellos (Navadijos, Cepeda, Garganta y San Martín de la Vega). Pero, en este tiempo observé que muchas viviendas de los pueblos de mis parroquias no reunían las características mínimas de habitabilidad para esta zona -casi 1600 metros en Gredos- porque no estaban bien aisladas, carecían de calefacción, etc… Entonces inicié una campaña con unos 70 vecinos, de petición de ayudas para estos menesteres (poner calefacción, aislar las casas y quitar barreras arquitectónicas). En ese momento, vinieron los Servicios Técnicos de la Junta de Castilla y León, y dictaminaron que efectivamente eran necesarias. Además me dijeron que como no había suficiente dinero que lo pidiera a la Diputación Provincial. Y así lo hice el 27 de marzo de 2002”.