De conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la LOREG, todas las formaciones políticas obligadas a presentar la contabilidad electoral de los comicios del 9 de marzo de 2008 ante el Tribunal de Cuentas cumplieron. Faltaría más. El TC observó además “un adecuado seguimiento de los criterios aprobados por el Pleno del Tribunal, dirigidos a uniformar el alcance de determinados requisitos contables y justificativos y a concretar determinados conceptos recogidos en la formativa electoral”.
Pero de esa fiscalización, fechada el 29 de marzo pasado, se obtienen una serie de datos relevantes, parte de los cuales se pueden apreciar en el cuadro que se adjunta y que desde estas páginas les trasladamos para su análisis.
En total, las formaciones políticas que concurrieron a las elecciones del 9M declararon unos recursos por importe de 66,6 millones de euros de los que 44,6 millones-casi el 70%-, correspondieron a créditos bancarios; otros 15,7 millones a anticipos electorales; 6,1 millones a aportaciones del partido y 0,2 millones a aportaciones privadas.
Por la parte del gasto, reseña el Tribunal de Cuentas, el importe total declarado justificado ascendió a 67,7 millones de euros, de los que 41,6 millones correspondieron a operaciones ordinarias y 26,1 millones a la actividad de envío de propaganda electoral. “En dos formaciones políticas se superó el límite máximo de gastos” aclara el TC.

¿Cómo pagarán los partidos los créditos concedidos?

Y en relación con la tesorería electoral, si bien todos los partidos abrieron una cuenta bancaria específica para las elecciones según establece la Ley, el alto Tribunal apreció las siguientes incidencias:

- Se produjeron ingresos electorales previamente en cuentas de la actividad ordinaria
- Se atendieron gastos electorales a través de cuentas no electorales
- Se realizaron pagos a través de la cuenta electoral fuera del plazo legal previsto para disponer de los saldos de las cuentas corrientes electorales o se mantienen obligaciones pendientes con proveedores o acreedores con posterioridad a dicho límite.

Con estas claves que ofrece el Informe de Fiscalización muchos entenderán porqué el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acudió raudo y veloz a la ayuda de la Banca. Y una pregunta que queda en el aire: si los partidos políticos se ven obligados a recurrir a las entidades financieras para sufragar los gastos electorales, ¿cómo van a afrontar el pago de los créditos concedidos?